Género e Igualdad de Oportunidades

La igualdad de oportunidades tanto para mujeres como para hombres es un derecho esencial y parte del modelo democrático que el Gobierno debe proteger y desarrollar en nuestro país.

En el sector público las mujeres representan el 56% de la fuerza laboral. De ese porcentaje, se destaca en las municipalidades, una alta participación de las funcionarias en el área social con un 67%, mientras que los hombres aparecen en un gran número en los cargos directivos. Sin embargo, para nadie es desconocido que, generalmente, las mujeres son menos valoradas en nuestra sociedad y reciben salarios mucho más bajos que los hombres por una misma labor. Lo anterior se refleja en las plantas profesionales y directivas donde las mujeres ganan en promedio 71,1% y 76,7%, respectivamente, de los que ganan los hombres.

Dentro de estas diferencias, la menor brecha se registra en las plantas administrativas donde las mujeres ganan en promedio el 97,7% de salario de los hombres. De esto se extrae, que mientras sigan existiendo situaciones derivadas de los roles tradicionalmente adjudicados a las mujeres (roles domésticos), el acceso igualitario a mejores oportunidades laborales será difícil. Esta feminización de la fuerza laboral pública hace que la gestión de los servicios sea posible gracias al trabajo y entrega de un gran número de mujeres.

Por ello la modernización del sector público como las municipalidades, debe considerar la forma en que las relaciones de género influyen en la situación y las condiciones laborales de los y las funcionarias. Es por esto que el Gobierno y las organizaciones más representativas de trabajadores/as del sector público, entre ellas la ASEMUCH, concordaron la realización de un estudio participativo sobre la situación de la mujer en el empleo público, que se desarrollará entre octubre de 2002 y junio de 2003.

El diagnóstico permitirá identificar si existen desigualdades y proponer políticas que incorporen medidas y acciones de igualdad de oportunidades al interior de los servicios públicos. La elaboración de un Plan de Igualdad de Oportunidades para el empleo fiscal no puede quedar ausente del esfuerzo modernizador del Estado. Este debe ser resultado de un proceso que implica la participación de los/as funcionarios/as, así como de los directivos, la inversión de recursos, el apoyo administrativo y el compromiso político de las autoridades.

Esta modernización requiere cambios fundamentales en la cultura organizacional del Estado, lo que significa mejorar el servicio y la calidad de la atención que presta, y promover una política de recursos humanos que tienda a un mejor uso de las aptitudes y el talento del personal, enfrentando aquellos criterios y conductas descriminatorias que impiden el desarrollo, la promoción de capacidades y la eficiencia en la gestión.